Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue condenado el 16 de octubre de 2024 a 38 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, específicamente por colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Este caso ha tenido repercusiones políticas y económicas entre México y Estados Unidos, llegando a ser utilizado como justificación para imponer aranceles a México por parte del gobierno estadounidense.
García Luna, quien fue una figura importante en la estrategia de seguridad de México durante la llamada “guerra contra el narco”, fue acusado de recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Durante su juicio en el Distrito Este de Nueva York, se presentaron testimonios que lo vinculaban directamente con Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Un exmiembro del cártel declaró haber entregado maletas con al menos 6 millones de dólares en efectivo a García Luna entre 2005 y 2007, dice la BBC.
Los cargos en su contra incluyeron conspiración para el tráfico de drogas, pertenencia a una organización criminal y declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía estadounidense en 2018. El juez Brian Cogan lo declaró culpable de todos los cargos en enero de 2023 y, además de la condena de prisión, le impuso una multa de 2 millones de dólares.
El caso de García Luna ha sido utilizado por el gobierno de Estados Unidos para justificar medidas económicas contra México. En particular, la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, vinculó el escándalo de corrupción con una supuesta alianza entre el gobierno mexicano y los cárteles de droga, lo que llevó a la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente que actualmente las autoridades tenga vínculos con el narcotráfico y señaló de “calumnias” y negó cualquier relación entre su gobierno y el crimen organizado. Sheinbaum argumentó que, si existe una alianza entre el crimen organizado y algún gobierno, esta sería con las armerías estadounidenses que venden armas de alto poder a los cárteles mexicanos.
“Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, pueden; por ejemplo, combatir la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades, lo que no hacen, y el lavado de dinero que se genera por esta actividad ilegal que tanto daño ha hecho a su población”, señaló.
Ante la imposición de aranceles, el gobierno mexicano implementó un “plan” que incluye medidas arancelarias y no arancelarias para proteger los intereses económicos del país. Sheinbaum enfatizó que México no busca confrontación, sino colaboración con Estados Unidos, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida.
La presidenta también destacó los esfuerzos de su administración en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo el decomiso de más de 40 toneladas de drogas y la detención de más de 10,000 personas vinculadas con el crimen organizado en los primeros cuatro meses de su gobierno.
El caso de García Luna ha exacerbado las tensiones entre México y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la seguridad y el comercio.
Mientras Estados Unidos utiliza el escándalo para justificar medidas proteccionistas, México insiste en que el problema del narcotráfico es un fenómeno binacional que requiere cooperación y no imposiciones unilaterales.
Sheinbaum propuso establecer una mesa de trabajo conjunta entre ambos países para abordar de manera integral el problema del narcotráfico y el tráfico de armas. Sin embargo, dejó claro que México no aceptará subordinación y que cualquier colaboración debe basarse en el respeto mutuo y la soberanía nacional.
ElImparcial
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